El lobby del motor pergeña un plan de ayudas que presentará mañana al Gobierno

El último incentivo para la venta de coches fue un completo desastre a nivel organizativo. El Plan 2000 E permitió un aumento de las ventas de automóviles, pero terminó por convertirse en una pesadilla para los concesionarios que tuvieron que reclamar el dinero adelantado. Seguramente los lectores recordarán que se anunció a bombo y platillo algunos meses antes de su entrada en vigor, con lo que las operaciones se paralizaron hasta que se abrió el plazo para solicitar las subvenciones. Intentando implicar a más entidades, se articuló de un modo en que se hacía ver a los compradores que se otorgaban 2.000 euros cuando realmente el Estado tan sólo aportaba 500 euros. La misma cantidad podía ser costeada de un modo voluntario por las comunidades autónomas que así lo decidiesen, quedando otros 1.000 euros a descontar del precio del vehículo por parte de los fabricantes. Por si esto no fuera poco, para aumentar aún más la confusión, varias comunidades autónomas optaron por no adherirse al plan, haciendo que en determinadas regiones el descuento aplicado fuese de 1.500 euros en lugar de 2.000.

Incluso así, las ventas -155.000 unidades entre las convocatorias de 2009 y 2010- se impulsaron notoriamente dando algo de respiro a los vendedores. Sin embargo, los problemas no dejaron de sucederse debido a que la operativa indicaba que eran los concesionarios los que debían adelantar el dinero, aplicando la ayuda directa al beneficiario, hasta que el Ministerio la reintegrase a las redes comerciales. A esto habría que añadir los retrasos generados por la encargada de repartir las ayudas. Fitsa, una fundación dependiente del Ministerio de Industria, se demoró más de la cuenta  al implementar una herramienta «on line» de tramitación. Como la dotación presupuestaria era limitada, en ambas convocatorias se produjo una gran inseguridad ya que se cerraban pedidos aplicando los descuentos del Plan 2000 E sin saber si habría dinero suficiente.

Con esta caótica experiencia muy presente, los cuatro principales lobbies del motor se van a reunir mañana viernes con la idea de consensuar una propuesta dirigida al gobierno. En la misma, se solicita la ejecución de un nuevo plan de apoyo al sector dotado de unas determinadas particularidades muy concretas. Con el argumento de que gracias a las subvenciones el Estado obtuvo una recaudación neta por el IVA de 60 millones de euros, quieren proponerle que el nuevo plan de ayudas directas se base en reducciones al Impuesto sobre el Valor Añadido. De ese modo los concesionarios no tendrían que adelantar cantidades importantes de dinero en un momento en que la solvencia de los mismos está bajo mínimos. Según informa Cinco Días, Anfac, Aniacam, Ganvam y Faconauto tienen muy claro que el descuento en el IVA generado por la venta del coche sería compensado a los vendedores en sus liquidaciones trimestrales de dicho impuesto.

Otro punto que preocupa mucho a la industria es la posibilidad de que se incluya a las comunidades autónomas en la nueva convocatoria, lo que generaría de nuevo diferencias por regiones. Lo más conveniente es que el esfuerzo se realice entre la Administración Central y las marcas. Además, para evitar el efecto anteriormente citado de paralización de las compras durante el tiempo que tarda en iniciarse, van a solicitar que la aportación se haga con carácter retroactivo desde el mismo día en que el gobierno de a conocer la ayuda.

Parece claro que la intención de las asociaciones empresariales es requerirle al gobierno que este conjunto de medidas no se limiten a una dotación presupuestaria determinada, si no que tengan carácter estructural para que revitalice un parque excesivamente envejecido y un sector económico de vital importancia para la economía del país.