En inglés, la palabra «lobby» significa «entrada» o «sala de espera». Por extensión, los anglosajones utilizan también este término para designar a aquella acción que en castellano se denominaría «hacer pasillos» o «cabildeo». Realmente la labor de un lobby consiste en articular un grupo de presión -colectivos, asociaciones, empresas,…- para convencer al poder político de que tome una decisión acorde a sus intereses.

Todo el mundo ha hecho lobby alguna vez. En un pueblo, cuando el alcalde quiere aprobar una medida que puede perjudicar a algunos vecinos, éstos tratarán de convencer al alcalde para que no la apruebe. Otro ejemplo sería el de la asociación de padres de un colegio que trata de oponerse a una decisión del director del centro.

En Estados Unidos, la actividad de los lobbies se considera como una parte más del ejercicio de la libertad de expresión y está protegida constitucionalmente. Sólo en Washington hay 30.000 empresas especializadas en esta forma de hacer política sin el respaldo de los votos, centrando sus esfuerzos sobretodo en el Congreso y en menor medida en el Senado. En Bruselas se calcula que debe haber cerca de 20.000 lobbistas tratando de influir sobre las decisiones de la Comisión Europea y el Parlamento. Y en España, aunque actúen en la sombra debido a que existe un vacío legal, también hay empresas consultoras cuya única función es contactar -por encargo de sus clientes- con los distintos representantes políticos para tratar de conseguir que las nuevas regulaciones sean acordes a sus intereses.

A parte de las consultoras especializadas en contactos políticos, también hay determinados colectivos con mucha capacidad de influencia, dado el volumen de dinero que mueven. Suelen esgrimir como principal argumento ante los políticos su gran capacidad de inversión, insinuando la posibilidad de deslocalizarse e invertir en otro sitio si la legislación no les es beneficiosa.

A nivel europeo nos encontramos con que el lobby más importante y activo es el del motor. Y se puede decir que principalmente está formado por la asociación empresarial ACEA (Asociación Europea de Constructores de Automóviles). Forman parte de este poderoso colectivo todos los fabricantes europeos de vehículos y su peso en la estructura industrial comunitaria es enorme. Probablemente aglutinen a uno de los sectores que más empleo generan y mayor importancia tiene en el PIB.

En España también tenemos nuestro particular lobby de la automoción. Formado por las cuatro asociaciones patronales Aniacam, Faconauto, Ganvam y Anfac. Estas asociaciones empresariales a veces están de acuerdo, con lo que actúan en bloque, empujando todas en el mismo sentido. Sin embargo, en otras muchas ocasiones, se enfrentan debido a que los intereses de sus representados no tienen por qué ser coincidentes.

Aniacam (Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas) agrupa a las marcas importadoras de coches. Es decir, aquellos fabricantes que no disponen de plantas en España, que deben inscribirse en Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Entre estas dos aglutinan a todas las marcas que actualmente comercializan vehículos en nuestro país.

Por el lado de la distribución tendríamos a Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción), patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales. Al representarlos, sus intereses suelen ser contrapuestos a los de los fabricantes de Aniacam o Anfac.

La última de las asociaciones empresariales sería Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), que aglutina al resto de los agentes que no estarían representados en las otras asociaciones: compraventas, talleres reparadores, recambistas,… Incluso hay muchos concesionarios que pertenecen a Faconauto y a Ganvam, ya que ambas pueden ser complementarias.

Como hemos anticipado un poco más arriba, hay veces que las cuatro asociaciones han acudido de la mano para que el Gobierno les atienda. Siempre que se trate de incentivar las ventas, los cuatro colectivos patronales forman un lobby compacto y sólido.

Por el contrario, la mayor muestra de divergencias se ha producido últimamente. A principios de este año 2011, el Parlamento aprobaba la Ley de Economía Sostenible que incluía una enmienda por la que se modificaban las condiciones en la distribución de vehículos, obligando a los fabricantes a recomprar a los concesionarios los coches en stock  no pedidos por clientes que en el plazo de 60 días no se hayan vendido. La norma, que llegó a entrar en vigor, provocó un enérgico rechazo por parte de las asociaciones de fabricantes, frente a los aplausos de las asociaciones de concesionarios y vendedores.

A partir de ese momento, los dos lobbies iniciaron las hostilidades y se pusieron a trabajar a pleno rendimiento con toda su maquinaria de persuasión e  influencias entre diputados y ministros. El enfrentamiento concluyó con la derogación casi inmediata de la enmienda. De este modo se demostró que el lobbie de los fabricantes tiene mucho más peso que el de los vendedores. A pesar de la menor generación de empleo de las marcas, con cerca de 63.000 puestos de trabajo, contra los 122.000 empleos directos de los concesionarios, es evidente que las amenazas de deslocalización tan temidas por los políticos surtieron efecto. Pero un lobbie debe realizar su trabajo convenciendo también a la opinión pública, por eso los representantes de los fabricantes se encargaron de cacarear a quien quisiera oírles que la medida perjudicaba a los propios concesionarios ya que, de seguir en vigor la ley, las marcas desarrollarían sus propias redes comerciales eliminando a los concesionarios independientes.

El resultado de esta batalla fue un compromiso por parte de los cuatro actores para consensuar un Código de Buenas Prácticas Comerciales que, según mis últimas informaciones, es papel mojado al no haberse firmado en su totalidad. Pero eso lo dejaremos para otro artículo.